"Durante mucho tiempo, tráileres, remolques, acoplados, batanes y casas rodantes circularon por las rutas argentinas sin ningún tipo de aprobación, verificación, ni control, tanto para su desarrollo y construcción como para su desplazamiento. El primer antecedente para intentar ordenar el tema data de 1995 cuando, tras la Ley Nacional de Tránsito 24.449, se indicó que este tipo de transportes debía llevar una chapa-patente con la misma patente del vehículo que lo arrastraba pero anteponiéndole el número 101. Esta chapa se podía confeccionar de forma casera sin ninguna otra exigencia. Podía ser de metal pero también era frecuente ver los números impresos sobre un cartón envuelto en nylon, para que no se mojara."
"Sin embargo, esa medida fue más administrativa que práctica, dado que no implicó mayores exigencias para la construcción y verificación técnica de este tipo de transportes. Por aquellos años, la producción de tráileres, remolques, batanes y casas rodantes, mayoritariamente, se realizaba en talleres caseros, sin ningún tipo de habilitación ni exigencia técnica para el diseño y construcción. Sólo bastaba con la firma de algún ingeniero mecánico que, en muchos casos, no evaluaba el diseño ni realizaba cálculo estructural alguno. Con pagar los honorarios alcanzaba."
"Esta situación se mantuvo hasta abril de 2018 en que, con la entrada en vigencia de las nuevas patentes Mercosur, se dio de baja la anterior 101 y se implementó una común para todos los países del bloque regional, que incluía la misma numeración del vehículo tractor pero con la leyenda TRAILER sobre una banda roja en la parte superior, tanto para los transportes nuevos como para los preexistentes. La norma entró en vigencia en noviembre del año pasado y en sus considerandos establecía que los dueños de tráileres y demás formatos debían su realizar la homologación ante el Registro de la Propiedad Automotor correspondiente e incluir la firma de “un profesional matriculado”, por lo que talleres y propietarios recurrieron a los servicios de ingenieros mecánicos.
Sin embargo, al poco tiempo las autoridades se dieron cuenta de que se había caído en la misma situación que se quería evitar: profesionales privados ponían su firma para aprobar un vehículo que, muchas veces, ni siquiera habían visto. Por esa razón, en abril último, el Ministerio de Justicia dijo que la firma de los ingenieros mecánicos no era válida y se requería la homologación por parte de un ente oficial. Así, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, ahora es el único organismo con potestad para otorgar la habilitación correspondiente a través de una revisión en los talleres donde también se realiza la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En un principio, la fecha límite para adecuarse a la nueva normativa es noviembre próximo pero, en virtud de la vigencia de la cuarentena, se estima que habría una prórroga equivalente a la duración del aislamiento social.
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